Europa Press
CORDOBA - El secretario político provincial del PCA en Córdoba y único diputado regional de IU por dicha provincia, José Manuel Mariscal, recomendó hoy a la alcaldesa de la capital y portavoz institucional federal de IU, Rosa Aguilar, que se vea los documentos emanados del XVII Congreso del PCE.En rueda de prensa, Mariscal reaccionó así a la petición de Aguilar de que el PCE se pronuncie respecto a lo que piensa de IU, y a ello, según el líder provincial del PCA, "lo único que se puede responder es: documentos del XVII Congreso del PCE", recordando que dicha información se puede encontrar en la página web del PCE, 'www.pce.es', asegurando que "ahí viene todo".Por su parte, el secretario de Comunicación de IU en Córdoba, Manuel López Calvo, quien acompañó hoy a Mariscal en la rueda de prensa, destacó que "los órganos provinciales de IU han adoptado el acuerdo de que nuestrareflexión y nuestro debate tendrán un carácter sereno e interno y dichoproceso, que será largo, culminará con las conclusiones que entre todosvayamos a adoptar, de modo que será en el marco de dicho proceso donde vamos a desarrollar nuestras reflexiones y nuestras propuestas".
BLOG DE LA SECRETARÍA DE MOVIMIENTO OBRERO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ARAGÓN
jueves, 3 de abril de 2008
Madrid y Valencia venden la Sanidad a la empresa privada
Aproximadamente el 30% de los recursos sanitaros son privados, tal y como calcula la presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defesa de la Sanidad Pública
elplural.com
Las comunidades autónomas de Madrid y Valencia se han convertido en claros ejemplos de cómo inmiscuir a la empresa privada en el ámbito de la Sanidad. Mientras otras comunidades como Extremadura o Castilla la Mancha apuestan por una gestión sanitaria desde un punto de vista público, los territorios gobernados por Aguirre y Camps entregan a empresas privadas el derecho a construir hospitales y a gestionarlos posteriormente, según recoge Público. El problema surge cuando estas empresas privadas recurren para llenar sus hospitales a facultativos de centros de gestión pública directa, y cuando la gestión de los hospitales construidos por la empresas privadas supone el encadenamiento del gobierno regional a éstas durante décadas.
Aproximadamente el 30% de los recursos sanitaros son privados, tal y como calcula la presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defesa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz. Pero en Madrid y Valencia, ambas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la gestión de la Sanidad por parte de entidades privadas ha ido más allá.
El ejemplo privado
Un ejemplo reciente de la gestión sanitaria en ambos territorios lo encontramos en el hospital de Valdemoro, construido y gestionado por una empresa privada a cambio de una cuota mensual. Esta concesión se ha hecho por 30 años y, en caso de que el Gobierno territorial quiera rescindirla, debería indemnizar a la empresa con una importante cantidad económica. Los últimos hospitales promovidos por Esperanza Aguirre han seguido todos este modelo.
Contratación de personal
De todo esto surge un problema añadido: La contratación de personal. Y es que desde hace meses, según denuncia la FASD, la Consejería de Sanidad no está contratando médicos para los nuevos hospitales, sino que los conducen a éstos desde centros de gestión pública.
A la huelga
Esta situación ha encontrado respuesta en el colectivo sanitario. Los médicos de atención primaria han convocado una huelga que durará dos días en la comunidad de Madrid, según informa El País. Esta movilización viene motivada por la falta de personal en el ámbito sanitario. De hecho, la Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Femyts) calcula que se necesitan 320 pediatras más y casi un millar de médicos de familia para dar un buen servicio a los ciudadanos. Pero mientras los médicos reivindican más peronal para hacer frente a la demanda, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, niega que falten médicos, mientras al mismo tiempo éstos pasan a la empresa privada.
Presupuesto
Madrid y Valencia están, igualmente, a la cola del presupuesto sanitario por habitante. Mientras Extremadura es la comunidad autónoma que más recursos dedica a la sanidad, las comunidades de Aguirre y Camps dedican mucho menos dinero a la salud de sus ciudadanos.
Listas de espera
Las listas de espera es otro de los aspectos que preocupan especialmente a los ciudadanos. La presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometió que reduciría los períodos de espera. Y lo consiguió virtualmente porque, en vez de calcular el tiempo de espera de cada ciudadano a partir de que su médico decreta la operación, Aguirre comienza a contar los días desde que el paciente entra en contacto con su anestesista. Esta trampa ha propiciado el que la comunidad de Madrid haya sido expulsada del sistema de cómputo del Ministerio de Sanidad.
elplural.com
Las comunidades autónomas de Madrid y Valencia se han convertido en claros ejemplos de cómo inmiscuir a la empresa privada en el ámbito de la Sanidad. Mientras otras comunidades como Extremadura o Castilla la Mancha apuestan por una gestión sanitaria desde un punto de vista público, los territorios gobernados por Aguirre y Camps entregan a empresas privadas el derecho a construir hospitales y a gestionarlos posteriormente, según recoge Público. El problema surge cuando estas empresas privadas recurren para llenar sus hospitales a facultativos de centros de gestión pública directa, y cuando la gestión de los hospitales construidos por la empresas privadas supone el encadenamiento del gobierno regional a éstas durante décadas.
Aproximadamente el 30% de los recursos sanitaros son privados, tal y como calcula la presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defesa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz. Pero en Madrid y Valencia, ambas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la gestión de la Sanidad por parte de entidades privadas ha ido más allá.
El ejemplo privado
Un ejemplo reciente de la gestión sanitaria en ambos territorios lo encontramos en el hospital de Valdemoro, construido y gestionado por una empresa privada a cambio de una cuota mensual. Esta concesión se ha hecho por 30 años y, en caso de que el Gobierno territorial quiera rescindirla, debería indemnizar a la empresa con una importante cantidad económica. Los últimos hospitales promovidos por Esperanza Aguirre han seguido todos este modelo.
Contratación de personal
De todo esto surge un problema añadido: La contratación de personal. Y es que desde hace meses, según denuncia la FASD, la Consejería de Sanidad no está contratando médicos para los nuevos hospitales, sino que los conducen a éstos desde centros de gestión pública.
A la huelga
Esta situación ha encontrado respuesta en el colectivo sanitario. Los médicos de atención primaria han convocado una huelga que durará dos días en la comunidad de Madrid, según informa El País. Esta movilización viene motivada por la falta de personal en el ámbito sanitario. De hecho, la Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Femyts) calcula que se necesitan 320 pediatras más y casi un millar de médicos de familia para dar un buen servicio a los ciudadanos. Pero mientras los médicos reivindican más peronal para hacer frente a la demanda, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, niega que falten médicos, mientras al mismo tiempo éstos pasan a la empresa privada.
Presupuesto
Madrid y Valencia están, igualmente, a la cola del presupuesto sanitario por habitante. Mientras Extremadura es la comunidad autónoma que más recursos dedica a la sanidad, las comunidades de Aguirre y Camps dedican mucho menos dinero a la salud de sus ciudadanos.
Listas de espera
Las listas de espera es otro de los aspectos que preocupan especialmente a los ciudadanos. La presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometió que reduciría los períodos de espera. Y lo consiguió virtualmente porque, en vez de calcular el tiempo de espera de cada ciudadano a partir de que su médico decreta la operación, Aguirre comienza a contar los días desde que el paciente entra en contacto con su anestesista. Esta trampa ha propiciado el que la comunidad de Madrid haya sido expulsada del sistema de cómputo del Ministerio de Sanidad.
No a la devolución de impuestos
Xabier Pérez Igrexas
Rebelión
Vivimos en sociedad. Nos desarrollamos cómo personas en el seno de una comunidad social. Ambas afirmaciones pueden semejar obviedades gratuitas, mas es crucial tener estas referencias claras para abordar con coherencia la cuestión impositiva.Otra de las claves que debemos tener presente es que la economía se sustenta en el principio de que las necesidades son infinitas, mientras que los recursos necesarios para darle respuesta son limitados. La economía en su definición clásica es la ciencia encargada de optimizar el uso de los recursos para cubrir el máximo número de necesidades, bajo el parámetro de eficiencia.Recientemente veía la luz un artículo del Presidente de los EEUU, George W. Bush, en el que defendía lo que denomina como reembolsos tributarios, que no son otra cosa que la devolución de una parte de los impuestos cobrados a la ciudadanía norteamericana, con el objetivo teórico de intentar ayudar a mantener el tipo a las familias que sufrieron el varapalo de la crisis de las hipotecas "baratas".
Esa medida, la del reembolso tributario, fue la que sirvió de inspiración a la devolución de 400€ del IRPF prometida por Zapatero en la pasada campaña electoral.
Al margen del disparate en términos socioeconómicos que representan ambas medidas, lo realmente peligroso es el núcleo del discurso que las justifica y sustenta.La derecha ha ganado la batalla comunicativa en relación a los impuestos. Los conservadores consiguieron que se instale socialmente la idea de que los impuestos son algo negativo: un exceso perverso de un estado que nos niega la libertad obligándonos a pagar.Pero ¿qué son en términos sociales los impuestos? Son nuestra cuota por formar parte de un colectivo, de una comunidad. Cuando nos asociamos a un centro cultural, o a un club deportivo, adquirimos una serie de derechos (disfrute de las instalaciones, participación en actividades, recepción de publicaciones…) a cambio de una aportación económica en forma de cuota.Pues bien, los impuestos son nuestra cuota social, con la que hacemos nuestra aportación para sufragar los servicios e infraestructuras de las que nos beneficiamos todas y todos (hospitales, enseñanza pública, seguridad pública, carreteras, instalaciones culturales…).La devolución de impuestos supone un triple error. Primero, supone que el estado reconozca que cobró de más, poniendo en jaque la credibilidad del propio sistema tributario. Segundo, pone en tela de juicio la proporcionalidad que debe caracterizar el sistema impositivo, ya que la devolución aún teniendo un impacto diferente en los distintos niveles de renta, incluye también a las personas con las rentas más elevadas.En tercer y último lugar a devolución de impuestos supone declarar el fracaso del estado del bienestar.Desde el anuncio de Zapatero, conversé con muchas personas, muy diferentes entre si, pero que coincidían en una idea formulada cómo pregunta: ¿el gobierno central no tiene nada mejor a lo que destinar ese dinero?Para que una administración devuelva recursos, que decíamos al principio son limitados en relación a las necesidades, la situación tendría que ser utópica, en el sentido de haber cubierto completamente todas las necesidades. Hecho que no se corresponde ni de lejos con la realidad.Cualquier persona podría indicar un destino mejor para esa importante cantidad de recursos que se quieren reintegrar: aumentar la financiación de la sanidad para poner fin a las vergonzosas listas de espera, sufragar la puesta en marcha de más política social, mejorar la enseñanza, aumentar la dotación económica de la justicia (que tanto está dando que hablar últimamente), establecer un subsidio social básico que erradique las bolsas de pobreza, el pago de la deuda histórica con Galiza y un larguísimo etcétera con el que podríamos escribir la lista de tareas pendientes, de necesidades no cubiertas.Hay un cuarto elemento que agrava el citado triple error, que es el origen de ese dinero que ahora se quiere devolver: el superávit en las cuentas públicas. El hecho de que las administraciones públicas no se endeuden por encima de unos niveles aceptables, es algo positivo porque genera dinamismo económico y además refuerza la solvencia del estado. Una cosa es no endeudarse y otra gastar menos de lo que se puede, por eso es muy preocupante que un gobierno haga gala del superávit en las cuentas públicas. ¿De donde proviene ese superávit? ¿Cómo puede haber un exceso de ingresos sobre los gastos en las cuentas públicas? Básicamente, hay dos caminos: que se ingrese más de lo previsto, o que se gaste menos de lo presupuestado; o una conjunción de ambas. En caso de que se ingrese más, evidencia un error en la previsión. En caso de que se gaste menos demuestra incapacidad en la gestión ya que habrá actuaciones que siendo necesarias no se lleven a término.Hay un argumento definitivo para rechazar los reembolsos tributarios de Bush o las devoluciones impositivas de Zapatero: ese reintegro sólo puedo gastarlo en la compra de bienes de consumo, no puedo destinarlo a colaborar en la construcción de hospitales, en la ampliación de las becas, en la apuesta por las energías renovables, en la cooperación internacional, en las políticas de igualdad…No quiero que me devuelvan mi cuota social, porque formo parte de esta comunidad y porque los impuestos que pago son mi aportación solidaria a la mejora de las condiciones sociales.* Xabier Pérez Igrexas, (Vigo, 1984), articulista de opinión en diferentes medios de comunicación, forma parte de diversos colectivos sociales. Politicamente está vinculado al nacionalismo gallego, siendo en la actualidad miembro de la Dirección Comarcal de Galiza Nova (organización juvenil del Bloque Nacionalista Galego) en Vigo.
Es autor del blog [CONTRADISCURSO 3.0] (www.contradiscurso.blogaliza.org)
Rebelión
Vivimos en sociedad. Nos desarrollamos cómo personas en el seno de una comunidad social. Ambas afirmaciones pueden semejar obviedades gratuitas, mas es crucial tener estas referencias claras para abordar con coherencia la cuestión impositiva.Otra de las claves que debemos tener presente es que la economía se sustenta en el principio de que las necesidades son infinitas, mientras que los recursos necesarios para darle respuesta son limitados. La economía en su definición clásica es la ciencia encargada de optimizar el uso de los recursos para cubrir el máximo número de necesidades, bajo el parámetro de eficiencia.Recientemente veía la luz un artículo del Presidente de los EEUU, George W. Bush, en el que defendía lo que denomina como reembolsos tributarios, que no son otra cosa que la devolución de una parte de los impuestos cobrados a la ciudadanía norteamericana, con el objetivo teórico de intentar ayudar a mantener el tipo a las familias que sufrieron el varapalo de la crisis de las hipotecas "baratas".
Esa medida, la del reembolso tributario, fue la que sirvió de inspiración a la devolución de 400€ del IRPF prometida por Zapatero en la pasada campaña electoral.
Al margen del disparate en términos socioeconómicos que representan ambas medidas, lo realmente peligroso es el núcleo del discurso que las justifica y sustenta.La derecha ha ganado la batalla comunicativa en relación a los impuestos. Los conservadores consiguieron que se instale socialmente la idea de que los impuestos son algo negativo: un exceso perverso de un estado que nos niega la libertad obligándonos a pagar.Pero ¿qué son en términos sociales los impuestos? Son nuestra cuota por formar parte de un colectivo, de una comunidad. Cuando nos asociamos a un centro cultural, o a un club deportivo, adquirimos una serie de derechos (disfrute de las instalaciones, participación en actividades, recepción de publicaciones…) a cambio de una aportación económica en forma de cuota.Pues bien, los impuestos son nuestra cuota social, con la que hacemos nuestra aportación para sufragar los servicios e infraestructuras de las que nos beneficiamos todas y todos (hospitales, enseñanza pública, seguridad pública, carreteras, instalaciones culturales…).La devolución de impuestos supone un triple error. Primero, supone que el estado reconozca que cobró de más, poniendo en jaque la credibilidad del propio sistema tributario. Segundo, pone en tela de juicio la proporcionalidad que debe caracterizar el sistema impositivo, ya que la devolución aún teniendo un impacto diferente en los distintos niveles de renta, incluye también a las personas con las rentas más elevadas.En tercer y último lugar a devolución de impuestos supone declarar el fracaso del estado del bienestar.Desde el anuncio de Zapatero, conversé con muchas personas, muy diferentes entre si, pero que coincidían en una idea formulada cómo pregunta: ¿el gobierno central no tiene nada mejor a lo que destinar ese dinero?Para que una administración devuelva recursos, que decíamos al principio son limitados en relación a las necesidades, la situación tendría que ser utópica, en el sentido de haber cubierto completamente todas las necesidades. Hecho que no se corresponde ni de lejos con la realidad.Cualquier persona podría indicar un destino mejor para esa importante cantidad de recursos que se quieren reintegrar: aumentar la financiación de la sanidad para poner fin a las vergonzosas listas de espera, sufragar la puesta en marcha de más política social, mejorar la enseñanza, aumentar la dotación económica de la justicia (que tanto está dando que hablar últimamente), establecer un subsidio social básico que erradique las bolsas de pobreza, el pago de la deuda histórica con Galiza y un larguísimo etcétera con el que podríamos escribir la lista de tareas pendientes, de necesidades no cubiertas.Hay un cuarto elemento que agrava el citado triple error, que es el origen de ese dinero que ahora se quiere devolver: el superávit en las cuentas públicas. El hecho de que las administraciones públicas no se endeuden por encima de unos niveles aceptables, es algo positivo porque genera dinamismo económico y además refuerza la solvencia del estado. Una cosa es no endeudarse y otra gastar menos de lo que se puede, por eso es muy preocupante que un gobierno haga gala del superávit en las cuentas públicas. ¿De donde proviene ese superávit? ¿Cómo puede haber un exceso de ingresos sobre los gastos en las cuentas públicas? Básicamente, hay dos caminos: que se ingrese más de lo previsto, o que se gaste menos de lo presupuestado; o una conjunción de ambas. En caso de que se ingrese más, evidencia un error en la previsión. En caso de que se gaste menos demuestra incapacidad en la gestión ya que habrá actuaciones que siendo necesarias no se lleven a término.Hay un argumento definitivo para rechazar los reembolsos tributarios de Bush o las devoluciones impositivas de Zapatero: ese reintegro sólo puedo gastarlo en la compra de bienes de consumo, no puedo destinarlo a colaborar en la construcción de hospitales, en la ampliación de las becas, en la apuesta por las energías renovables, en la cooperación internacional, en las políticas de igualdad…No quiero que me devuelvan mi cuota social, porque formo parte de esta comunidad y porque los impuestos que pago son mi aportación solidaria a la mejora de las condiciones sociales.* Xabier Pérez Igrexas, (Vigo, 1984), articulista de opinión en diferentes medios de comunicación, forma parte de diversos colectivos sociales. Politicamente está vinculado al nacionalismo gallego, siendo en la actualidad miembro de la Dirección Comarcal de Galiza Nova (organización juvenil del Bloque Nacionalista Galego) en Vigo.
Es autor del blog [CONTRADISCURSO 3.0] (www.contradiscurso.blogaliza.org)
Esperanza Aguirre prohíbe la Memoria Histórica
Silvia Sánchez
Rebelión
No cabe duda de que si mezclamos el franquismo más ultramontano con el neoliberalismo más puntero, nos sale el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
La presidenta, que ganó las elecciones en el año 2003 gracias al pucherazo dado por las constructoras de la Comunidad (¿dónde están, por cierto, Sáez y Tamayo?), nos está metiendo en cintura a todos los madrileños con su política de privaciones, recortes en el gasto público, conciertos privados en la enseñanza, y ahora, también, prohibiciones intelectuales: la última jugada de esta presidenta franquista ha sido anular un curso sobre la memoria histórica dirigido a profesores de secundaria y primaria
El monográfico, titulado “Experiencias de historia oral en el aula” estaba organizado por el Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) y el IES Sefarad Fuenlabrada. El programa del seminario y el cuadro de ponentes estaba cerrado, según el CAP, desde finales de diciembre. Pero a última hora, la Consejería de Educación envió un correo a los organizadores, en el cual se les comunicaba que la Consejería había decidido “no autorizar” la actividad. Los argumentos son que es un curso “excesivamente monográfico” y que repite el tema de un seminario organizado el curso escolar anterior. Sin embargo, más claro lo ha dejado una portavoz de la Consejería al explicar que la memoria histórica “no forma parte de las líneas prioritarias en materia de formación”. Sin comentarios. Solo recordar que cuando Esperanza Aguirre fue ministra de Educación en el primer gobierno de Aznar quiso denominar en el Currículo de Historia a la “Dictadura Franquista” con el nombre de “Período Franquista”. ¿Y por qué no el de “Democracia Orgánica”?
Desde luego que en Madrid se nos está poniendo la cosa fea. Había que ser muy ingenuo para pensar que el precedente que marcó la criminalización de los médicos del Severo Ochoa nos iba a salir gratis al resto del funcionariado. A los profesores no nos van a acusar de asesinar pacientes, pero sí pueden acusarnos de narcoterroristas o, sencillamente, de rojos a la vieja usanza. Hace poco leía en un artículo de la FAES (1) por qué la enseñanza tenía que ser privada: resulta que la enseñanza pública es un coladero para rojos que luego dan clase impunemente como si tal cosa. Es un aviso de lo que nos espera. O mejor dicho, una amenaza (2).
Notas:
(1) Cfr. El artículo es una crítica furibunda al libro Educación para la Ciudadanía de la Editorial Akal, cuyos autores, Carlos y Pedro Fernández Liria son profesores de Universidad y de Secundaria respectivamente. Para impedir que gente así pueda llegar a dar clase, el artículo abogaba por suprimir la enseñanza pública en general. Puede leerse en http://www.libertaddigital.com/ilustracion_liberal/articulo.php/791
(2) Hace solo unos días que la Comunidad de Madrid canceló otro curso destinado a profesores, esta vez en San Lorenzo del Escorial. Como informó El Plural, se trataba de un seminario sobre la enseñanza de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, de la que Aguirre se ha mostrado totalmente contraria advirtiendo incluso que facilitará la objeción de conciencia en la región.
Rebelión
No cabe duda de que si mezclamos el franquismo más ultramontano con el neoliberalismo más puntero, nos sale el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
La presidenta, que ganó las elecciones en el año 2003 gracias al pucherazo dado por las constructoras de la Comunidad (¿dónde están, por cierto, Sáez y Tamayo?), nos está metiendo en cintura a todos los madrileños con su política de privaciones, recortes en el gasto público, conciertos privados en la enseñanza, y ahora, también, prohibiciones intelectuales: la última jugada de esta presidenta franquista ha sido anular un curso sobre la memoria histórica dirigido a profesores de secundaria y primaria
El monográfico, titulado “Experiencias de historia oral en el aula” estaba organizado por el Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) y el IES Sefarad Fuenlabrada. El programa del seminario y el cuadro de ponentes estaba cerrado, según el CAP, desde finales de diciembre. Pero a última hora, la Consejería de Educación envió un correo a los organizadores, en el cual se les comunicaba que la Consejería había decidido “no autorizar” la actividad. Los argumentos son que es un curso “excesivamente monográfico” y que repite el tema de un seminario organizado el curso escolar anterior. Sin embargo, más claro lo ha dejado una portavoz de la Consejería al explicar que la memoria histórica “no forma parte de las líneas prioritarias en materia de formación”. Sin comentarios. Solo recordar que cuando Esperanza Aguirre fue ministra de Educación en el primer gobierno de Aznar quiso denominar en el Currículo de Historia a la “Dictadura Franquista” con el nombre de “Período Franquista”. ¿Y por qué no el de “Democracia Orgánica”?
Desde luego que en Madrid se nos está poniendo la cosa fea. Había que ser muy ingenuo para pensar que el precedente que marcó la criminalización de los médicos del Severo Ochoa nos iba a salir gratis al resto del funcionariado. A los profesores no nos van a acusar de asesinar pacientes, pero sí pueden acusarnos de narcoterroristas o, sencillamente, de rojos a la vieja usanza. Hace poco leía en un artículo de la FAES (1) por qué la enseñanza tenía que ser privada: resulta que la enseñanza pública es un coladero para rojos que luego dan clase impunemente como si tal cosa. Es un aviso de lo que nos espera. O mejor dicho, una amenaza (2).
Notas:
(1) Cfr. El artículo es una crítica furibunda al libro Educación para la Ciudadanía de la Editorial Akal, cuyos autores, Carlos y Pedro Fernández Liria son profesores de Universidad y de Secundaria respectivamente. Para impedir que gente así pueda llegar a dar clase, el artículo abogaba por suprimir la enseñanza pública en general. Puede leerse en http://www.libertaddigital.com/ilustracion_liberal/articulo.php/791
(2) Hace solo unos días que la Comunidad de Madrid canceló otro curso destinado a profesores, esta vez en San Lorenzo del Escorial. Como informó El Plural, se trataba de un seminario sobre la enseñanza de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, de la que Aguirre se ha mostrado totalmente contraria advirtiendo incluso que facilitará la objeción de conciencia en la región.
miércoles, 2 de abril de 2008
martes, 1 de abril de 2008
Una reflexión comunista sobre el resultado electoral de IU
Lágrimas de Cocodrilo
Carlos Anxo Portomeñe / 31 mar 08
Treinta y un años después de la celebración de las primeras elecciones generales tras la dictadura franquista, algunos han visto cumplida la primera parte de un viejo sueño: el Partido Comunista de España ha sido "borrado" del Congreso de los Diputados, un caso único en la historia reciente de las cámaras representativas europeas. Se trata, en efecto, de la primera parte del sueño porque la aspiración última, recurrente desde la propia constitución del movimiento comunista organizado, es la desaparición de los Partidos Comunistas como partidos, no sólo en este país sino a nivel planetario.Una vez celebradas las elecciones generales del pasado 9 de marzo se han podido comprobar como nunca los efectos perniciosos de un sistema electoral carente de proporcionalidad, racionalidad y carácter democrático, cuya reforma ya se contemplaba en el documento fundacional de IU. Consumada la derrota electoral de IU, los propios medios de comunicación han alentado el debate sobre la necesidad de reformar este sistema. Es curioso que un sistema electoral concebido en su día, entre otros fines, para impedir la representación parlamentaria del PCE, sirva de máxima excusa a la dirección de IU a la hora de justificar los resultados frente a la crítica del mismo PCE, y que además haya sido este partido quien machaconamente haya insistido a la dirección federal de IU durante la última legislatura en la necesidad de exigir al PSOE su reforma, especialmente cuando se votaban todos los Presupuestos Generales del Estado sin contrapartida.
Leer mas:
http://www.pce.es/federaciones/pl.php?id=2274
Carlos Anxo Portomeñe / 31 mar 08
Treinta y un años después de la celebración de las primeras elecciones generales tras la dictadura franquista, algunos han visto cumplida la primera parte de un viejo sueño: el Partido Comunista de España ha sido "borrado" del Congreso de los Diputados, un caso único en la historia reciente de las cámaras representativas europeas. Se trata, en efecto, de la primera parte del sueño porque la aspiración última, recurrente desde la propia constitución del movimiento comunista organizado, es la desaparición de los Partidos Comunistas como partidos, no sólo en este país sino a nivel planetario.Una vez celebradas las elecciones generales del pasado 9 de marzo se han podido comprobar como nunca los efectos perniciosos de un sistema electoral carente de proporcionalidad, racionalidad y carácter democrático, cuya reforma ya se contemplaba en el documento fundacional de IU. Consumada la derrota electoral de IU, los propios medios de comunicación han alentado el debate sobre la necesidad de reformar este sistema. Es curioso que un sistema electoral concebido en su día, entre otros fines, para impedir la representación parlamentaria del PCE, sirva de máxima excusa a la dirección de IU a la hora de justificar los resultados frente a la crítica del mismo PCE, y que además haya sido este partido quien machaconamente haya insistido a la dirección federal de IU durante la última legislatura en la necesidad de exigir al PSOE su reforma, especialmente cuando se votaban todos los Presupuestos Generales del Estado sin contrapartida.
Leer mas:
http://www.pce.es/federaciones/pl.php?id=2274
El Sector Crítico impugna las normas del noveno Congreso Confederal de CCOO.
Representantes del Sector Crítico de CCOO han impugnado ante las Comisión de Garantías del Sindicato las normas por las que se regirá el próximo congreso confederal de CCOO, que se celebrará en Madrid en diciembre de este año, al considerar que se vulneran los Estatutos del Sindicato.
Una decena de miembros del Consejo confederal de CCOO entre los que se encuentran miembros de su Comisión Ejecutiva Confederal, como los históricos dirigentes, Agustín Moreno y Salce Elvira y dirigentes de diversas Federaciones Territoriales y Sectoriales han impugnado las normas que regirán el próximo Congreso confederal de CCOO al considerar que algunos de los puntos vulneran los derechos estatutarios que regulan y protegen la participación de los afiliados y afiliadas del Sindicato en el máximo momento de su participación, como es el debate congresual.
La Comisión de Garantías Confederal ha admitido a trámite el recurso y ha dado audiencia a las partes afectadas para que ejerciten el reglamentario derecho de réplica y pueda clarificarse el estricto contenido del cuerpo normativo por el que se regirán todas las asambleas del mayor sindicato del país -más de un millón doscientos mil cotizantes- que tiene previsto su inicio el próximo 1 de septiembre.
El noveno Congreso Confederal de CCOO tendrá lugar los días 17, 18, 19 y 20 en Madrid y de sus debates deberán salir el nuevo programa de acción y la nueva dirección confederal.
El sector crítico de CCOO espera que este noveno Congreso, al apostar por la integración y el trabajo con reparto de responsabilidades en las tareas de elaboración y dirección para todas las sensibilidades que conviven y conforman al Sindicato, cierre definitivamente la división generada en 1996.
Madrid, 31 de marzo de 2008
Una decena de miembros del Consejo confederal de CCOO entre los que se encuentran miembros de su Comisión Ejecutiva Confederal, como los históricos dirigentes, Agustín Moreno y Salce Elvira y dirigentes de diversas Federaciones Territoriales y Sectoriales han impugnado las normas que regirán el próximo Congreso confederal de CCOO al considerar que algunos de los puntos vulneran los derechos estatutarios que regulan y protegen la participación de los afiliados y afiliadas del Sindicato en el máximo momento de su participación, como es el debate congresual.
La Comisión de Garantías Confederal ha admitido a trámite el recurso y ha dado audiencia a las partes afectadas para que ejerciten el reglamentario derecho de réplica y pueda clarificarse el estricto contenido del cuerpo normativo por el que se regirán todas las asambleas del mayor sindicato del país -más de un millón doscientos mil cotizantes- que tiene previsto su inicio el próximo 1 de septiembre.
El noveno Congreso Confederal de CCOO tendrá lugar los días 17, 18, 19 y 20 en Madrid y de sus debates deberán salir el nuevo programa de acción y la nueva dirección confederal.
El sector crítico de CCOO espera que este noveno Congreso, al apostar por la integración y el trabajo con reparto de responsabilidades en las tareas de elaboración y dirección para todas las sensibilidades que conviven y conforman al Sindicato, cierre definitivamente la división generada en 1996.
Madrid, 31 de marzo de 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
