Se descubren casos en que sistemáticamente obligan al trabajo o dejan de pagar sin recibir a las afectadas
Julio Castro / laRepublica.es
La aprobación en marzo de 2007 de una legislación que beneficiaba a las mujeres en su articulado fue recibida con muy buenas palabras por parte de la mayoría de la sociedad, especialmente, las directamente implicadas. Lo que faltaba por ver eran los resultados de la aplicación de la misma, cuestión que, por lo que podemos comprobar a resultas de ciertos ejemplos concretos nos llevan a exponer las más rotundas dudas sobre la intencionalidad real más allá del electoralismo o la comprensión real del entramado pseudosocial de entidades privatizadas en que las supuestamente “favorecidas con trato de mayor igualdad” se mueven, y la dejación que desde finales de los ’80 vienen practicando todas las Administraciones Públicas, con tan nefastas consecuencias.
Una mujer queda embarazada y decide ejercer sus derechos reclamando las correspondientes protecciones, el reconocimiento de un riesgo explícito en el embarazo y una novedad incluida en la nueva Ley: la del riesgo durante la lactancia. Pronto o, mejor dicho, demasiado tarde para poder ejercer sus derechos legales, descubre que el entramado de estos tejemanejes permiten que las entidades privadas que operan en nombre de la Seguridad Social pueden saltarse las leyes y obligar a las trabajadoras a acudir bajo riesgos reales a su puesto de trabajo, ahorrándose de esta manera un dinero que es público y reconocido. Algunas podrán y sabrán reclamar ante la Justicia, pero será tarde cuando lleguen a fin las sentencias, pero, además, las mutualidades se encargarán de cortar el proceso antes de que haya sentencia. Nadie vela por estas trampas ni por la seguridad de miles de mujeres en dicha situación.
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